MARCO JURÍDICO
 
 
De conformidad con los artículos 123, apartado A, Fracción XX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 621 y 623 de la Ley Federal del Trabajo: “Las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo se sujetarán a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje, formada por igual número de representantes de los Obreros y de los Patronos, y uno del Gobierno.”
 
La existencia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, tiene sustento jurídico en:
  • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 123, Apartado A, Fracciones XX y XXXI.
  • Ley Federal del Trabajo, Título Décimo Primero, Capítulo XIII.
  • Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Guerrero, Capítulo II, Artículo 5, Apartado G, Fracción IV.
  • Reglamento Interior de Trabajo de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje.
Los ordenamientos que rigen la actuación de las Juntas en el Estado de Guerrero, son:
  • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
  • Ley Federal del Trabajo. 
  • Ley del Seguro Social. 
  • Ley del INFONAVIT.
  • Tesis y Jurisprudencias.
Ley Federal del Trabajo. 
  • Ley del Seguro Social. 
  • Ley del INFONAVIT.
  • Tesis y Jurisprudencias.
COMPETENCIA
 
Por otra parte, de Acuerdo a la Ley Federal del Trabajo regente desde 1970, Las Juntas de Conciliación y Arbitraje tienen su fundamento jurídico en el artículo 123 de la Constitución, Apartado “A”, fracción XX, lo que trae como consecuencia que sean independientes del Poder Judicial.
 
Tomando en consideración que la aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades federales y locales, la Ley Federal del Trabajo vigente, reconoce la existencia de dos jurisdicciones: una federal y otra local.
 
Para robustecer los referente a la competencia federal, el artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo establece las ramas y actividades industriales de correspondencia federal:
 
“LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
TÍTULO ONCE. Autoridades del trabajo y servicios sociales.
CAPÍTULO II. Competencia constitucional de las autoridades del trabajo.
 
Artículo 527. La aplicación de las normas de trabajo corresponde a las autoridades federales, cuando se trate de:
 
I. Ramas Industriales:
 
  1. Textil;
  2. Eléctrica;
  3. Cinematográfica;
  4. Hulera;
  5. Azucarera;
  6. Minera;
  7. Metalúrgica y siderúrgica, abarcando la explotación de los minerales básicos, el beneficio y la fundición de los mismos, así como la obtención de hierro metálico y acero a todas sus formas y ligas y los productos laminados de los mismos;
  8. De hidrocarburos;
  9. Petroquímica;
  10. Cementera;
  11. Calera;
  12. Automotriz, incluyendo autopartes mecánicas o eléctricas;
  13. Química, incluyendo la química farmacéutica y medicamentos;
  14. De celulosa y papel;
  15. De aceites y grasas vegetales;
  16. Productora de alimentos, abarcando exclusivamente la fabricación de los que sean empacados, enlatados o envasados o que se destinen a ello;
  17. Elaboradora de bebidas que sean envasadas o enlatadas o que se destinen a ello;
  18. Ferrocarrilera;
  19. Maderera básica que comprende la producción de aserradero y la fabricación de triplay o aglutinados de madera;
  20. Vidriera, exclusivamente por lo que toca a la fabricación de vidrio plano, liso o labrado, o de envases de vidrio; y,                
  21. Tabacalera, que comprende el beneficio o fabricación de productos de tabaco.
II. Empresas:

 

  1. Aquéllas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal;
  2. Aquéllas que actúen en virtud de un contrato o concesión federal y las industrias que les sean conexas; y, 
  3. Aquéllas que ejecuten trabajos en zonas federales o que se encuentren bajo jurisdicción federal, en las aguas territoriales o en las comprendidas en la zona económica exclusiva de la nación.
También corresponderá a las autoridades federales la aplicación de las normas de trabajo en los asuntos relativos a conflictos que afecten a dos o más entidades federativas; contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en más de una entidad federativa; y, obligaciones patronales en las materias de capacitación y adiestramiento de sus trabajadores y de seguridad e higiene en los centros de trabajo.
 
Artículo 528.- Para los efectos del punto 2 de la fracción II del artículo 527, son empresas conexas las relacionadas permanente y directamente para la elaboración de productos determinados o para la prestación unitaria de servicios.
 
Artículo 529.- En los casos no previstos por los artículos 527 y 528, la aplicación de las normas de trabajo corresponde a las autoridades de las Entidades Federativas.” (Juntas Locales).
 
CLASIFICIÓN DE LOS CONFLICTOS DE TRABAJO
 
Los conflictos de trabajo han sido clasificados por la doctrina y la jurisprudencia de conformidad con dos criterios: de acuerdo con el primero, se dividen en individuales y colectivos, según que los intereses en juego sean los de uno o varios trabajadores individualmente determinados, tal es el pago de las demandas para el pago de salarios, despido o riesgos de trabajo, bien que se trate de intereses generales de las comunidades obreras.
 

La segunda clasificación (Colectivos) comprende también dos tipos de conflictos, unos de naturaleza jurídica y otros de naturaleza económica: los primeros son los que se refieren a la interpretación y aplicación de las normas jurídicas vigentes en relación con casos concretos, en tanto los conflictos económicos son los que tienden a la creación o modificación de las normas que deberán regir en el futuro las relaciones entre los trabajadores y los patronos.